¿Sabes qué es un Centro de Internamiento de Extranjeros? Instalaciones donde el Estado retiene a inmigrantes sin papeles antes de ser deportados a su país de origen. Esta indocumentación equivaldría al impago de una multa de tráfico, pero en cambio se priva el derecho a la libertad. Una realidad  que pasa de puntillas entre la ciudadanía, a pesar de sus once años de funcionamiento en la Comunidad Valenciana y 31 en todo el territorio español. 

El CIE Zapadores de Valencia, ubicado en la Avenida Doctor Waksman, es uno de los 8 centros en activo en España y acumula más de 40 denuncias por vulnerar los derechos humanos. Desde el 5 de octubre, permanece cerrado temporalmente por una plaga de chinches, fenómeno habitual -desde hace dos años- en el centro sin todavía solución. Ante la posible reapertura, se ha levantado una campaña a contra-reloj para cerrarlo definitivamente. Recientemente, en el sexto Encuentro Estatal por el Cierre de los CIES y el fin de las deportaciones, se ha vuelto a recalcar esta «vulneración de los derechos humanos sistematizada» en España.   

El flujo de inmigración irregular se controla, desde hace tres décadas, con herramientas legales y administrativas sujetas a la Ley Orgánica, reformada en sucesivas ocasiones.  En materia legislativa no ha cambiado su finalidad «acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Sin embargo, sí en su contenido. Las condiciones de los internos,  el funcionamiento de la infraestructura así como la falta de transparencia son las cuestiones más denunciadas tanto a nivel estatal como internacional. 

Para llegar al último trámite, la expulsión, el Estado confía al Cuerpo Nacional de Policía las detenciones migratorias para revisar la documentación.  Una persona puede ser parada, por ejemplo, a pie de calle y en menos de 72 horas ser deportada a su país de origen si se avala en un informe su irregularidad. El internamiento en los CIE entra en práctica con la orden de un juez o un tribunal. Su estancia puede variar entre veintidós hasta setenta días mientras se realizan los trámites, según la última reforma del reglamento de los CIE de 2014. Además, se especifica que no puede acordarse un nuevo internamiento «por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente».

La incertidumbre está sujeta en todo el procedimiento. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia explica el estado de un retenido por una falta administrativa: “En cualquier momento te pueden expulsar porque todo depende de los convenios con otros países de cuándo salen los aviones o los barcos. Es una situación muy excepcional de privación de libertad de una corta duración y eso tiene muchas peculiaridades” y, añade, “la diferencia con un interno por condena penal es que éste sí que sabe la duración real de su estancia”. 

Sobre ello, se han pronunciado diversos actores sociales implicados en la defensa de los derechos humanos, ya que estiman que se vulneran sistemáticamente. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que la detención preventiva podría considerarse «arbitraria» si no está justificada en todas las circunstancias del caso. Es decir, cada detención debe evaluarse individualmente para así garantizar que los medios no son invasivos. Por ejemplo, para impedir la fuga o el ocultamiento de pruebas. 

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“El hecho de que una persona se encuentre de forma irregular en el territorio de un Estado, no significa que no esté protegida por las normas internacionales de derechos humanos”, indica Amnistía Internacional en el informe Hay alternativas: no a la detención de personas inmigrantes del 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta principal del CIE de Zapadores de Valencia | Fotografía: Elaboración propia

 

 

Entre las paredes del CIE

A diario se recogen testimonios de las irregularidades de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Las carencias sanitarias, de atención humanitaria o de trato degradante hacia los internos se acumulan en forma de denuncia en las dependencias judiciales. Sin embargo, también se conocen de forma pública a través de las manifestaciones, tanto por parte de los internos como de las plataformas pro derechos humanos.  Una de las manifestaciones más sonadas fue, el pasado 18 de octubre, en el CIE de Aluche. Los internos se atrincheraron en la azotea del centro para denunciar unos supuestos malos tratos. No son los únicos, ya que en todos los CIES repartidos en el territorio español se repiten las mismas irregularidades.

En el CIE de Zapadores de Valencia, que acumula más de 40 denuncias, la Comisión de Acompañamiento integrada en la campaña de CIES NO ha constatado mediante sus visitas esta situación. 

José García, nombre ficticio para salvaguardar la identidad del interno, llegó aquí hace tres años y trabajaba como vendedor ambulante para sobrevivir.  En su estancia en  Zapadores, no fue asesorado para contactar con su abogado –a pesar de incluirse como un derecho en los estatutos de los internos-. Una realidad que se repite de forma frecuente, según el informe de Pueblos Unidos del 2015, junto a la expulsión sin previo aviso, pocas facilidades para realizar y recibir llamadas, la falta de intimidad y contacto con los familiares o, entre otras, las dificultades para tramitar el asilo y comunicarse con los consulados. García también explica las limitaciones sanitarias: “Nos tocaba orinar en una botella porque dentro de las habitaciones no hay baño”. 

Desde hace 6 años, cada martes de final de mes la campaña CIES NO se concentra delante de Zapadores para reivindicar su cierre y visibilizar estas condiciones de los internos. Prestan servicios sociales y asistenciales a través de las 26 organizaciones que la componen, una competencia reconocida por el gobierno desde el 2014. La falta de transparencia por parte del Estado hace inaccesible concretar el número de internos, sólo su capacidad habilitada para 156 personas. Según el periódico online eldiario.es, se constató en 2014 que la mayoría son africanos, seguidos por personas procedentes de sud-América y una minoría de países del Este. Del mismo modo, se contabiliza un 44,58% de expulsiones. 

Psicólogos sin Fronteras, que lleva atendiendo de forma psicológica a los internos desde antes de la campaña CIES NO, retrata cómo es esta realidad social por dentro. Chema Toribio, coordinador de PSF, constata la vulnerabilidad de los retenidos. “Se generar síntomas de ansiedad, mucho insomnio y, en algunos casos de la gente que lleva mucho tiempo empieza a tener pensamiento depresivo. Hay que ponerse un poco en su situación, te llevan a un sitio sin decirte por qué, no sabes por qué estás detenido si no has cometido ningún delito y tienes policía a tu alrededor constantemente”, describe. 

Para la portavoz de CIES NO en Valencia, Anna Fornés, el estado de los internos así como las garantías no han cambiado durante los seis años de funcionamiento de la campaña. De hecho, considera los avances como «escasos». “Hacia dentro no ha habido muchos logros, pero hacia fuera hemos conseguido que se metan los Centros de Internamiento en la agenda política”, explica. 

En este último campo, el Ayuntamiento de Valencia  instó, en 2015, al Gobierno Central para cerrar Zapadores y cesar las redadas por perfil étnico. Se situó a la cabeza en este tipo de medida, que aún hoy no ha dado sus frutos. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, continúa reclamando el cierre definitivo de Zapadores y se une a la campaña #elCIEnoSeAbre para impedir la reapertura de este centro, temporalmente cerrado por una plaga de chinches.

El debate sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros se ha abierto y asociaciones como Jueces para la Democracia ha presentado alternativas a la privación de libertad con las presentaciones periódicas en dependencias policiales, la retención del pasaporte o residencias tuteladas en situación de libertad. ¿El limbo jurídico de los CIE tendrá fecha de caducidad?  Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que detrás hay una gestión pública de criminalización y demonización de la figura del extranjero y, por eso, no causa la perplejidad que debería causar que personas que han vulnerado una falta administrativa estén privadas de libertad. 
 

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