La desigualdad más latente
Belén Berbís
Helena CLiment
Un 29’2 % de la población española está en riesgo de pobreza, según los últimos datos de Inciatives Solidàries. Manuel, suizo de 40 años y de padre español, reside en la capital del Turia, desde hace 20 años. Actualmente, en menos de dos meses, se ha visto viviendo en la calle. “Vengo de un país que ahora mismo está bien, entonces no entendían que pudiera tener algún tipo de problema. Pero todo el mundo puede tener dificultades”, comenta. La pobreza no entiende de edad, sexo ni formación. Jóvenes, jubilados, inmigrantes, incluso familias enteras, se encuentran inmersos dentro de ese porcentaje. ONGs, como Casa Caridad, se han visto en la necesidad de ampliar su red de centros para hacer frente a este aumento de casos.
Solo en la Comunidad Valenciana, este dato de pobreza ha ascendido hasta un 34’7%, analiza el V Informe de ‘El Estado de la Pobreza’. Los datos más concretos que se tienen son de 2015 y diferencian entre distintos niveles de pobreza. Según los indicadores AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) se contabilizaban, este mismo año, alrededor de 1.311.000 personas en riesgo de pobreza, es decir, que sobreviven con menos de 650 euros al mes. Dentro de la llamada pobreza severa, en la comunidad aparecen unos 318.000 casos que viven con menos de 350 euros al mes.
Desde el año 2008, con la llegada de la crisis económica, muchas personas perdieron su trabajo o, aquellas que lo mantenían, sufrieron el periodo de recortes en sueldo y en ayudas. La Comunidad Valenciana fue una de las más afectadas y aún, a día de hoy, alrededor de 500 mil personas están en paro, según la EPA de la Comunidad Valenciana. Otro factor que aumentó el nivel de pobreza fue la llegada de inmigrantes. Por este mismo contexto de crisis, en el que el país está inmerso, algunos no encontraron trabajo y los que lo encontraron, no tenían el sueldo suficiente como para afrontar los gastos básicos.
Algunos expertos como Fernando Contreras, presidente de la Coordinación Valenciana de ONGD, atribuye tres causas a la situación de pobreza en España. En primer lugar, “la relación directa entre desigualdad y desregulación financiera”, señala Contreras. Este hecho provoca que las élites capturen una mayor parte de esa oportunidad de incrementar su riqueza. Enrique Lluch, coautor del informe Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la CEU-UCH, Caritas y Foessa, y profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU afirma en su blog Por una economía más humana: “Una sociedad está mejor gestionada desde el punto de vista económico, no porque se tenga más entre todos, sino porque no hay personas necesitadas o pobres”.
En segundo lugar, hace hincapié en el descenso de los tipos impositivos máximos. El presidente de la Coordinación Valenciana de ONGD y director d’Oxfam-Intermón afirma, “las personas con mayor riqueza tienden a pagar menos. Directamente son los gobiernos los que están haciendo que las grandes fortunas vivan cada vez contribuyendo menos, además de los casos de fraude fiscal”. Por último, apunta que los derechos laborales se han visto mermados, es decir, lo que él califica como “pobreza de los trabajadores pobres”. Contreras, con estas palabras, hace referencia a: “Personas que, a pesar de tener un empleo, caen bajo el umbral de pobreza. Lo cual dice mucho de los derechos y relaciones laborales y de cómo están planteados”.
En esta misma línea, Enrique Lluch, coautor del Informe Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la CEU-UCH, Caritas y Foessa, y profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, sostiene que el problema reside en que las administraciones y la clase política no terminan de tomar como prioridad una situación de urgente necesidad como la pobreza.
La Comunidad Valenciana cuenta con un número bastante grande de organizaciones que destinan su trabajo a prestar ayuda a personas cuya situación económica es delicada. Ejemplos de estas son Cáritas, Fundación Dasyc, y la centenaria Casa Caridad.
Esta última lleva 100 años ofreciendo recursos y refugio a personas sin hogar o en peligro de exclusión social, con el único objetivo de que todos tengan las mismas condiciones de vida y estén lo más integrados posible en el entorno. Es una institución privada y según uno de sus educadores sociales, Roberto Simón, es de las que más usuarios reciben al día.
Entre estos usuarios se distinguen varios perfiles como personas con problemas de adicción y maltrato. Nacho Torres, técnico y educador social, explica: “El perfil típico de persona que solía recurrir a Casa Caridad podríamos decir que era el de señor con barba y brick de vino. Sí es cierto, que en los últimos años se han sumado otros perfiles como familias desestructuradas, o familias que, hasta ahora, tenían cierta estabilidad económica”.
Debido a este aumento de personas con carencias económicas, la institución se ha visto en la necesidad de ampliar el número de centros. Un ejemplo de esto son las inauguraciones de Centros como el de Paterna. Este se abrió a causa de un aumento de paro en el municipio. Sin embargo, el proyecto del Comedor de Familias de la Avenida del Cid (Valencia) se inició con el objetivo principal de separar este nuevo perfil de familias para que los niños notaran lo menos posible la situación de pobreza que atraviesan.
Uno de los aspectos que caracteriza y dota de confianza a Casa Caridad, es que los usuarios han de pasar una serie de entrevistas que reflejen cuáles son sus necesidades, para así hacer un balance y personalizar su estancia. “Es una institución privada, lo que demuestra que el sistema de protección social tiene ciertas carencias. Hay perfiles y demandas sociales que la administración pública no cubre y esa es una de las causas por las que recurren a este centro”, afirma Torres.
Esta personalización se ve reflejada en las actividades que se organizan para los usuarios. Estas están orientadas a la autogestión y educación, para poder ganar cierta autonomía en ámbitos del día a día (tareas domésticas, laborales y gestión de la economía). Por tanto, “Casa Caridad no solo pretende proporcionar alimento o refugio a cambio de nada”, matiza Torres. El educador social explica que uno de los requisitos para poder estar en la institución es mostrar voluntad e implicación en dichos ejercicios, ya que son importantes para su desarrollo personal.
Por otra parte, se imparten talleres de autoestima para reforzar los ánimos de muchos de ellos, ya que las situaciones por las que están pasando no son agradables. Manuel confiesa: “Tengo altos y bajos, me cuesta concentrarme, pero aquí hacemos actividades y talleres enfocados a la autoestima y a ganar confianza en nosotros mismos”. También cuenta su relación con el personal y confiesa las dificultades que tuvo que superar al inicio “Al principio me costó integrarme. Como en todos los sitios, siempre hay personas que no están cualificadas para ocupar según que trabajos. Pero en general es positiva. El cariño que me faltaba, me lo están dando aquí”.
Es fundamental que no solo las ONGs se preocupen por este tipo de problemas sociales, sino que ciudadanos y, especialmente, instituciones públicas trabajen en crear un sistema fiscal más sólido y más justo. Para ello, es imprescindible que aporten más aquellos que tienen una mayor disponibilidad de aportación económica. El problema llega cuando las familias aportan el 90% de la recaudación fiscal, mientras que las empresas el 10% restante, según publica el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Esta responsabilidad también recae sobre personas individuales, es decir, es importante el papel de una ciudadanía activa que participe en movimientos sociales, de manera diaria, y que sirva de reclamo para medios de comunicación. Solo una ciudadanía comprometida y un periodismo de calidad e investigación pueden conseguir unas medidas políticas más justas. Una Comunidad Valenciana en la que exista una igualdad sin distinciones depende de todos.